Alquilen palco, porque la
saga de Luis Posada Carriles en los tribunales norteamericanos empieza a
ponerse interesante. La fiscalía lanzó al ruedo el viernes pasado una
moción para desaparecer del juicio del 11 de mayo en El Paso (Texas), toda
referencia a los vínculos del terrorista con la CIA. Hasta se tomó el
trabajo de desempolvar una carta firmada por él en febrero de 1976 ante
sus empleadores de la Agencia, supuesta prueba de que “la relación de
Posada con la CIA está a punto de
terminar en 1976” y del compromiso, bajo juramento, de “no divulgar secreto alguno”.
Las
palabras entrecomilladas pertenecen al documento original de la fiscalía,
que ha divulgado la Corte a la que deberá presentarse Posada Carriles para
enfrentar cargos por mentiroso. Fíjense que el texto no dice “terminó” su
relación con la CIA, sino “está a punto de terminar”, un giro gramatical
de una sutileza que haría las delicias de un guionista de cine. De hecho,
esta precaución me ha hecho recordar Munich, la película de Steven
Spielberg que relata el asesinato de un grupo de palestinos, ordenado por
Israel después de la matanza de 11 atletas israelíes en los Juegos
Olímpicos de Munich, en 1976.
La escena clave del filme
es el momento en que el superespía de la Mossad, Avner Kauffman, recibe la
lista de los supuestos autores intelectuales del atentado. Su tarea consiste en asesinar a
los palestinos que allí aparecen y tiene carta blanca para violar todas
las leyes imaginables, en cualquier país donde ellos se encuentren. Antes
de cumplir la misión secreta y probablemente siguiendo una práctica de la
época, Kauffman es obligado a firmar una carta donde dice que él ya no
pertenece a los servicios de inteligencia israelíes. “A partir de ahora,
tú estás solo”, le dice con un guiño cómplice el jefe del servicio
secreto.
Es difícil no imaginar una
escena parecida entre Posada Carriles y su jerarca de la CIA, ese 13 de
febrero de 1976, fecha que con tanta precisión pone en nuestras manos
ahora la fiscalía norteamericana. Ni siquiera hace falta especular. Las
evidencias de que tal cosa pudo perfectamente ocurrir se encuentran
profusamente registradas en múltiples documentos desclasificados de la
Agencia estadounidense y del FBI, en órdenes de su propia Fiscalía y en
investigaciones de sus historiadores y periodistas. El escritor cubano
José Luis Méndez, en Salvar al
mundo del terrorismo (Editora Política, 2003), ofrece abundante
información de los grupos armados y financiados por el gobierno
norteamericano, que terminaron actuando por su cuenta y riesgo, con tan
alegre inconciencia que puso en guardia a los servicios secretos de ese
país. En 1975, por ejemplo,
de las 61 acciones terroristas de estos grupos, 39 se ejecutaron en
territorio norteamericano y en la mayoría de estas se utilizaron
explosivos. Méndez asegura
que en 1976 se produjo un pacto secreto entre las autoridades
estadounidenses y los terroristas para encauzar la violencia hacia “otros
caminos del mundo” y disminuir los atentados dentro de los EE.UU.
Documentos oficiales
norteamericanos han confirmado que el nacimiento en junio de 1976 de CORU
–la organización que dirigía Orlando Bosch, responsable de la voladura del
avión cubano en 1976-, fue una operación de la CIA. “Los cubanos llevaron
a cabo la reunión de la CORU a solicitud de la CIA. Los grupos cubanos (…)
actuaron frenéticamente a mediados de los 70 y Estados Unidos había
perdido el control sobre ellos. Por tanto, Estados Unidos apoyó la reunión
para lograr tenerlos a todos en la misma dirección nuevamente, bajo el
control de Estados Unidos. La señal básica fue adelante y hagan lo que
deseen, fuera del territorio de Estados Unidos.” El testimonio pertenece a
un oficial de la policía de Miami y aparece en el libro de los
norteamericanos John Dinges y Saul Landau, Asesinato en Washington. El caso
Letelier (Lasser Press, 1982).
Se sabe también que el
Fiscal General Edward H. Levi ordenó al fiscal federal de Miami que creara
una fuerza de tarea especial para controlar las corrientes agresivas de la
emigración cubana. La
estrategia sería vigilar de cerca y tolerar todo lo que pusiera en riesgo
a la Revolución cubana.
¿Sería extraño que Posada
Carriles recibiera una misión parecida a la de Avner Kauffman? ¿Cómo
explicar si no que él y sus empleados, autores materiales de la voladura
del avión, levantarán siempre el banderín de la CIA cada vez que se les
exigía responsabilidad por el crimen? ¿Qué otra cosa podría justificar la
soberbia con la que se ha comportado desde el momento en que pisó tierra
norteamericana? ¿Por qué la desesperación de los fiscales para callarle la
boca en El Paso, antes en la corte de inmigración y ahora, en la corte
federal?
Esta película de espías no
tiene a un Spielberg detrás. La trama es obvia. La ecuación es demasiado
evidente: la CIA más Posada Carriles es igual a EEUU más terrorismo. No hay sorpresas. Sin embargo, no
hay que subestimar la capacidad de la administración Bush para convertir
una historia en un culebrón.
Ahora mismo, cuando casi
termino de escribir este comentario, aparece en las noticias que los
abogados del terrorista han replicado la moción de los fiscales y reiteran
que su defendido sirvió en la CIA por 25 años, que el gobierno
norteamericano lo sabía y que esa cartica del 13 de febrero de 1976 es
poco menos que nada. En un par de días, quizás, veremos nuevamente
reaccionar al gobierno, que probablemente sacará del sombrero otro
documento supersecreto y previsible.
La turbia faena de un
criminal y su empleador está apareciendo, poco a poco. ¿Hasta dónde
permitirán que todo salga a la luz? ¿Logrará Posada el chantaje? ¿Se
decidirán a llamarlo terrorista? Alquilen palco, señoras y
señores.
Esta
película, como les dije, se puede poner muy interesante y apenas comienza.
_____________________________________________________________________
Defensa de Posada
ratifica que él trabajó 25 años para la CIA
Cubadebate
30-04-2007
El archivo electrónico de cortes federales
(PACER) publicó en la tarde del lunes una moción de la defensa de Luis
Posada Carriles, en respuesta a la del gobierno que intenta impedir que en
el juicio fijado ante la Corte Federal de El Paso (Texas), el próximo 11
de mayo, se hable de los vínculos del terrorista con la CIA.
Los abogados objetaron la petición del gobierno
y argumentaron que para Posada es relevante discutir su vínculo con la
Agencia de Inteligencia norteamericana, porque “pone el caso en un
contexto, y ese contexto está determinado por la relación de 25 años de
Posada con la CIA”.
El pasado 20 de abril los fiscales John W. Van
Lonkhuyzen y Paul Ahern, de la división de Seguridad Nacional del
Departamento de Justicia, presentaron una moción para excluir todo tipo de
“evidencia, testimonio, preguntas o argumentos” sobre esta relación, que
según la defensa de Posada “se prolongó durante 25 años”.
Los abogados de Posada afirman en su réplica
que los propios documentos del gobierno reconocen que Posada Carriles era
un operativo encubierto y pagado de la CIA. “Sin embargo, es incorrecta la
afirmación del gobierno de que su servicio a los Estados Unidos paró en
1976.”
Luis Posada Carriles está acusado en Venezuela
por la voladura de un avión cubano que costó la vida a 73 personas, el 6
de octubre de 1976. Estados Unidos se ha negado a certificarlo como
terrorista y ha entablado contra él un juicio por mentir a Inmigración y
portar un pasaporte falso.
Los fiscales presentaron un documento
desclasificado por la CIA, supuestamente firmado por Posada el 13 de
febrero de 1976, donde se consigna que ha cesado su vínculo con la agencia
y no puede revelar secretos de su trabajo con esta.
La defensa del terrorista argumentó este lunes
que el record histórico, desclasificado por el propio gobierno, demuestra
que Posada sí continuó esa relación y participó en nombre del gobierno en
operaciones para armar a los contras nicaragüenses después de la
Revolución sandinista, y “en otros conflictos contra las guerrillas
comunistas en los años 80”.
Los abogados insisten en que el gobierno sabía
que el nombre de guerra era Ramón Medina, y piden a la Corte establecer en
este juicio, a través de evidencia desclasificada, la larga e histórica
asociación de Posada con la CIA, más su asistencia en el ejército
norteamericano, cuando se alistó para ir a Vietnam, aunque finalmente no
participó en esa fracasada invasión.
Argumentan en su Respuesta que "aunque el
gobierno prefiera procesar este acusado en un vacío, la defensa tiene el
derecho a dar a conocer al acusado ante el jurado".
Entrevistado vía telefónica por Cubadebate, José Pertierra,
abogado que representa a Venezuela para la extradición del terrorista,
comentó “que cada vez se revelan detalles de mayor gravedad, porque de
acuerdo con esta moción, el terrorista no era un tiro al aire, sino que
estaba trabajando para la CIA el 6 de octubre de 1976 (fecha de la
voladura del avión cubano).
Si comenzó a trabajar para la CIA en 1960 y su relación duró más de
25 años, como dicen sus abogados, la cuenta es clarísima.”
MOCIÓN PARA DESCARTAR EVIDENCIA COMO
MENTIROSO
En otra moción presentada también el lunes 30
de abril, los abogados de Posada le piden al tribunal que prohíba el uso
de cualquier evidencia o declaraciones hechas por Posada a las autoridades
de Inmigración durante su entrevista sobre la solicitud de naturalización
presentada anteriormente.
Argumentan que el gobierno engañó a Posada y a su entonces abogado,
Eduardo Soto, al no haberles informado que habían encaminado una
investigación penal.
Los abogados afirman que la fiscalía usó la
entrevista de naturalización que le hizo a Posada del 25 al 27 de abril de
2006 para acumular más información, aunque "era claro que Posada no
calificaba para la naturalización debido a sus antecedentes penales en
Panamá".
El propósito fundamental de la entrevista,
añade la defensa, fue lograr evidencia para encausar a Posada por fraude
inmigratorio. “El gobierno, después de arrestar a Posada en mayo de 2005,
trató de detenerlo indefinidamente con una orden de detención
inmigratoria, aunque encaminó dos investigaciones penales: (1) Investigando su manera de
ingreso en los Estados Unidos, y (2) Investigando su involucramiento en
las bombas en los hoteles en Cuba”, indica esta moción que intenta
desechar como evidencia la entrevista de naturalización –la prueba de que
mintió.
Añade la defensa que “el allanamiento de las
oficinas de Caribe Foundation en Hialeah, Florida, el 18 de noviembre de
2005, terminó siendo un tesoro de evidencia sobre Posada y su aliado
financiero Santiago Álvarez que Inmigración ya tenía en sus manos cuando
entrevistaron a Posada sobre su solicitud de naturalización en abril de
2006. La investigación sobre Posada continuó y el gobierno obtuvo la
colaboración de informantes confidenciales en Guatemala (quienes
proporcionaron información sobre el involucramiento de Posada en las
bombas en La Habana) y en Carolina del Sur, cuya información fue utilizada
para interrogar a Posada en abril de 2006.”
Durante esa entrevista en abril de 2006, el
gobierno también tenía unas entrevistas con oficiales policíacos
relacionados con Posada, una entrevista a Posada hecha el 17 de mayo de
2006 después de su arresto, un pasaporte guatemalteco a nombre de Manuel
Enrique Castillo López con la foto de Posada (obtenido del allanamiento de
Caribe Foundation), entrevistas con oficiales de Inmigración del Puerto de
Miami que permitieron el ingreso del Santrina por aduana, y el itinerario
de vuelo de Ernesto Abreu, confirmando su vuelo a Guatemala como parte de
la conspiración para ingresar a Posada a los Estados Unidos.
Argumentan que antes de dicha entrevista, el
gobierno ya sabía que Posada no calificaba para la naturalización por la
condena en Panamá. Afirman que un indulto en el exterior no tiene validez
para asuntos de inmigración: “La condena en Panamá es un delito de
carácter moral y una felonía con agravantes. Eso lo descalifica de por vida
para la naturalización. La
entrevista consecuentemente era innecesaria y el gobierno lo sabía de ante
mano. Aun así, lo entrevistó
para obtener información que posteriormente utilizó para encausarlo por
fraude inmigratorio”, dicen los abogados del terrorista.
"No creo que esta segunda moción de Posada
prospere, porque si el gobierno sabía de antemano que el terrorista no
calificaba para la naturalización también lo debería haber sabido su
equipo. Fue Eduardo Soto (su
abogado) el que pidió la naturalización, sabiendo que una persona que ha
cometido una felonía con agravantes no califica para la ciudadanía. Si inmigración lo citó y Posada
quiso ir voluntariamente, lo que dijo en la entrevista bajo juramento es
evidencia en este caso", confirmó Pertierra a Cubadebate.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Enviado
por
Revista Koeyú Latinoamericano
revista@koeyu.com
Tel. (58 212) 481 7740
Cel. (58) 412
7332730
http://koeyu.blogspot.com
Caracas.
Venezuela
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::