LA GUERRA POR EL AGUA, por Manuel E. Yepe

[Pedro Martínez Pírez <pmpirez@rhc.cu>]

 

LA GUERRA POR EL AGUA

 

Por Manuel E. Yepe* 

 

El acceso al agua ha sido, desde la más remota antigüedad, fuente de poder y de conflicto.

 

Allí donde hoy fuerzas de ocupación lideradas por Estados Unidos practican una despiadada guerra desigual contra la nación iraquí, hace 4.500 años, tuvo lugar un cruento enfrentamiento entre dos ciudades por el uso de las aguas de los ríos Tigris y Éufrates que la historia registra como la más antigua guerra por el agua.

 

Algunos analistas políticos sostienen que un objetivo estratégico esencial de la actual invasión a Irak es acceder al control de esas dos grandes corrientes fluviales, las más caudalosas en el Medio Oriente, que despiertan en los agresores un interés incluso superior al petróleo.

 

Obviamente, ya las guerras no serán entre ciudades-estados. En las actuales condiciones de un mundo unipolar que ha acentuado la contradicción entre el Norte opulento y el Sur menesteroso, más que los enfrentamientos entre grandes potencias, es de suponer que será la oposición entre naciones ricas y pobres el escenario probable de las batallas.

 

Pero el orden neoliberal impuesto al mundo impide que los gobiernos nacionales estén en condiciones de enfrentar como es debido los peligros que se avecinan para sus pueblos por la creciente escasez de agua. Con sus funciones prácticamente restringidas a la represión político-militar de los movimientos sociales para garantizar seguridad al gran capital transnacional, son muchos los gobiernos que no están en condiciones de transformar la situación que se les viene encima, y los pueblos no tendrán más alternativa que apelar a la violencia en aras de la supervivencia.

 

Las penurias que provoca la escasez de agua (desertificación, menos producción de alimentos, incremento de las enfermedades infecciosas, epidemias y pérdida de los ecosistemas) inducen tensiones políticas y sociales que ya han tenido cruentas eclosiones internas en América Latina y África.

 

Los problemas internos que genera la disponibilidad de agua tienden a transformarse en conflictos internacionales con mayor frecuencia, en la medida en que se evidencia que la tenencia de recursos acuíferos determina la viabilidad o no de las sociedades.

 

Al ser el agua valorada, cada vez más, como un recurso deficitario a escala mundial, se   inserta en la estrategia global de las grandes potencias capitalistas, que le aplican sus más comunes recetas neoliberales: la privatización y la militarización.

 

Las grandes transnacionales han fijado entre sus objetivos esenciales el control sobre los prometedores recursos acuáticos de los países "en vías de desarrollo".

 

El Banco Mundial, como guardián que es de los intereses económicos de los Estados Unidos y las grandes compañías transnacionales, "recomienda" a los países en desarrollo la privatización de las reservas de agua existentes a través de concesiones a empresas extranjeras que se adueñan así de este recurso que, en poco tiempo, será tan valioso como el oro o el petróleo.

 

Los pobres no tienen dinero para sufragar los costos funcionales de empresas operadoras de acueductos que ofertan el líquido como una mercancía más, y los gobiernos, en el esquema globalizador neoliberal, carecen de hacienda para apoyar a esas empresas y mucho menos a sus "clientes".

 

Hasta hace algún tiempo, la industria del agua embotellada prácticamente limitaba su clientela a los países más ricos y los sectores más acaudalados de los países pobres. Esos eran los únicos países y sectores capaces de pagar bien caro un líquido cuya diferencia con el agua de aquellos acueductos urbanos que cuentan con un mínimo de condiciones operacionales e higiénicas es prácticamente indetectable.

 

Pero, al entrar en escena las grandes corporaciones transnacionales, el negocio del agua embotellada, que obtiene fabulosos ingresos cobrando centenares o miles de veces lo que se paga por cada litro de agua de la pila en cualquier país, ha ampliado el ámbito de sus mercados.

 

Se lanzan voraces sobre los países del Sur con la poderosa influencia política que deriva de sus corruptores recursos financieros. Estimulan la inercia oficial respecto a la calidad del agua para, de esa manera, crear o ampliar la demanda de su agua "cara pero saludable"…

 

En algunas partes del mundo, se aprecia un inusitado interés por parte de los gobiernos de Estados Unidos y otras grandes potencias por brindar "protección militar" a las vías acuáticas importantes. Se hace cada vez menos disimulada y más acelerada la militarización de las grandes fuentes de agua, cuyo objetivo a largo o mediano plazo es evidente.

 

Con la extensión de la globalización neoliberal en América Latina, especialmente por medio de tratados de libre comercio o variantes con el mismo fin, los países pobres y endeudados se ven obligados -como única salida a sus crisis- a abrirse a la explotación ajena de sus recursos naturales, frecuentemente ubicados en terrenos ancestrales de los pueblos indígenas.

 

Se ha hecho hábito que los gobiernos y los grandes consocios transnacionales entren en tales acuerdos sin respetar los derechos de esos pueblos originarios, que a lo largo de milenios han tenido la sabiduría necesaria para cuidar a la "Madre Tierra y al agua que sostiene la vida" y que ya han dado muestras de su capacidad y voluntad de luchar por sus derechos y triunfar. Ellos cuentan con la solidaridad de los movimientos sociales del continente y del mundo.

 

Latinoamérica, con las reservas de agua potable más grandes que quedan en el mundo, está siendo saqueada tan intensamente que pronto sus grandes bosques naturales, descomunalmente deforestados, cederán su lugar a la extensión de sus regiones desérticas.

 

Y el agua que no consumen los saqueadores extranjeros en sus plantaciones extensivas, la contaminan los productos químicos que usan para los cultivos y los residuos de las industrias extractivas, como la minería a cielo abierto.

 

Se pronostica una era de tensión y de guerras en torno al acceso al agua potable que solo podría evitarse o atenuarse por medio de un sistema de relaciones que impida el ecocidio, que excluya la consideración del agua como un recurso escaso susceptible de ser mercantilizado y, mucho menos, convertido en botín de poderosos saqueadores.

 

 

*Manuel E. Yepe Menéndez es abogado, economista y politólogo. Se desempeña como Profesor en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana.

 

Junio de 2007