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Miércoles 30 de enero de 2008
Polémica por aceptación del Ejecutivo a otorgar beneficios exigidos por Patricia Troncoso:
Parlamentarios aliancistas acusan fracaso de La Moneda tras ceder ante huelguista
Diputado Cardemil dijo que estudiará los antecedentes para interpelar al ministro de Justicia.
Nota: Amados hermanos, ocurre que aqui en Chile la Comunera Mapuche, Patricia Troncoso, hizo una huelga de hambre, ante lo cual el Gobierno decidió darle algunos beneficios, después de haberla encarcelado apegandose a la denominada Ley Antiterrorista, de triste recuerdo, que dejó la dictadura de Pinochet, que se aplica sin miramientos en contra del Pueblo Mapuche. En todo caso el interés de este correo mio es que se sepa quienes están detrás de la persecusión del Pueblo Mapuche, como es evidente por las declaraciones o planteamientos negativos que aqui hacen, son como siempre, los partidos de derecha, Renovación Nacional ( RN ) y sobre todo la Unión Democrata Independiente ( UDI ). Compañero José A. Montero Aedo.
 


MACARENA VILLA

Como un "fracaso rotundo" del Gobierno calificaron parlamentarios de la Alianza el hecho de que el Ejecutivo aceptara las condiciones de la activista Patricia Troncoso para poner término a su huelga de hambre. Incluso, ya se anticipa que, a raíz de esta medida, el actual ministro de Justicia, Carlos Maldonado, podría convertirse en el quinto ministro en ser interpelado.

La "mala señal" que dieron, dicen, no sólo es por haber cedido a las peticiones de una persona condenada por delitos considerados terroristas, sino también por el precedente que instala para actuar frente a futuros manifestantes.

"Es un rotundo fracaso del Gobierno y es peligroso, porque más allá de este caso humano particular, todos los días hay situaciones de este tipo y un Gobierno no puede pretender que la ley rija en algunas partes del territorio y en otras no", enfatizó el senador UDI Jovino Novoa.

El parlamentario reprochó que el ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma "haya guardado silencio" ante un conflicto preocupante que ocurría en una zona del país en que "hace tiempo no está imperando el Estado de Derecho".

Mientras, el diputado independiente-Alianza, Alberto Cardemil, apuntó sus dardos al ministerio de Justicia. Dijo que esto se suma a los delitos cometidos por personas que han recibido beneficios judiciales por vía administrativa, tal como ocurrió con el principal inculpado en el caso Lapostol, recordó.

"De esto tiene que responder el ministro de Justicia (...) y dar cuenta al país de por qué está incentivando la impunidad, cómo están dando estos beneficios", cuestionó. Esto, advirtió, va a terminar en interpelación.

El diputado UDI Edmundo Eluchans manifestó que si bien está dispuesto a analizar, desde el punto de vista humanitario, las condiciones en que internos cumplen sus condenas, "las normas objetivas tienen que aplicársele a todo el mundo".

Con otro matiz miraron la actuación del Ejecutivo en Renovación Nacional. Su presidente, Carlos Larraín, reconoció que, si bien se trata de una forma de extorsión, entendía las dudas del Gobierno por el peligro que significaba la eventual muerte de Patricia Troncoso.

Concertación apoya la medida

Con un apoyo cerrado, los parlamentarios de la Concertación defendieron el actuar del Gobierno ante la situación de la activista Patricia Troncoso.

"Hay momentos demasiado dramáticos en que los gestos de humanidad valen mucho más que las reglas y el cumplimiento de las normas", manifestó la diputada PPD, María Antonieta Saa, miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara. A su juicio, no hay peligro ni "doblada de mano" al Gobierno, por el contrario, dijo, esto es bueno para el país.

Juicio que comparte el diputado PS Juan Bustos, quien consideró "totalmente comprensible" que se le den estos beneficios a una persona que estuvo tanto tiempo en huelga de hambre y que casi cumplió más de la mitad de su condena (diez años y un día).

"Aquí hubo un error que se planteó al considerar que éstos son actos terroristas... Estos beneficios se otorgaron con el objetivo de reparar este error", dijo.

En ese sentido, subrayó que habría que plantear las excepciones correspondientes. Así lo expresó respecto a los cuestionamientos que han surgido sobre los beneficios otorgados, que transgrederían el Reglamento Interno de Gendarmería. Sin embargo destacó que las huelgas de hambre son un acto de no violencia para manifestarse.

Aún más firme en la defensa de la actuación del Ejecutivo fue el diputado DC, y también miembro de la comisión, Eduardo Saffirio, quien sentenció que no le parece cuestionable, en forma alguna, lo que ha hecho el Gobierno.

"Todo lo que haga en el marco de la legalidad para evitar que esta persona entrara en una situación que pusiera en riesgo su vida, está correcto", dijo.

Agregó que considera que Troncoso está cumpliendo una "pena muy alta" por los delitos que cometió y que por eso "no siento que el Gobierno haya cometido ningún exceso, y si eso (su decisión) ayudaba a que (Patricia) depusiera su huelga de hambre, bien".

"Es necesaria una ley contra actos terroristas"

Aun cuando valora que la activista pro mapuche Patricia Troncoso haya depuesto su huelga de hambre, luego que el Gobierno cediera a algunas de sus condiciones, el diputado DC y ex subsecretario del Interior Jorge Burgos reivindica la necesidad de contar con una ley que sancione hechos con ribetes terroristas.

"En los estados de derecho democráticos como el nuestro, es perfectamente legítimo y necesario tener una ley especial para actos con carácter terrorista. Sería un gran error renunciar a esa posibilidad, y la experiencia nuestra en democracia indica que eso es absolutamente necesario", aseveró el vicepresidente DC, mostrándose así en desacuerdo con los parlamentarios oficialistas que le han pedido al Gobierno que se termine de aplicar la normativa especial.

Burgos fundamenta su beneplácito con la determinación de La Moneda en que los beneficios otorgados a Patricia Troncoso no involucran una alteración en la pena que debe enfrentar por el ataque incendiario al fundo Poluco Pidenco, de Angol, en 2002.

"Me parece una buena noticia que una persona que estaba poniendo en riesgo su vida haya cesado en esa actitud. Además, probablemente en este caso alguna flexibilidad ha habido y me parece aceptable si eso no pasa por un tema de fondo, de cumplimiento de pena", dijo.

Concertación defiende gesto humanitario, y Alianza critica manejo político

JOVINO NOVOA
SENADOR UDI

"(Primero) hay que dar una señal clara de que no se toleran atentados y que van a ser perseguidos con todo el rigor de la ley, y segundo, tener una política indígena absolutamente distinta a la actual, que es ceder a las presiones para adquirir tierras".

ALBERTO CARDEMIL
DIPUTADO INDEPENDIENTE

"Esta es una cuestión que se está manejando extraordinariamente mal (...) Hay una caja negra en el Ministerio (de Justicia), un manejo politizado. Nadie sabe cómo están operando las cosas, qué presiones se mueven ahí. Esto va a terminar en interpelación al ministro".

JORGE BURGOS
DIPUTADO DC

"Probablemente, en este caso, alguna flexibilidad ha habido y me parece aceptable si eso no pasa por un tema de fondo, de cumplimiento de pena (...) Es perfectamente legítimo y necesario tener una ley especial para actos de carácter terrorista".

MARÍA ANTONIETA SAA
DIPUTADA PPD

"Una cosa es la rigurosidad de la ley y otra los gestos humanitarios (...) Estábamos frente a un momento muy dramático en el que era importante esto que ha hecho el Gobierno. Me parece bien. Un gesto humanitario vale mucho y no es una doblada de mano".

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